El gobierno peruano que preside Dina Boluarte ha iniciado un debate nacional sobre la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores con muerte de la víctima, como medida dirigida a enfrentar la ola de violencia sexual contra niños y adolescentes, un problema que genera demanda de acciones contundentes.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha declarado que el gobierno no tiene una posición definida a favor o en contra de la pena de muerte, pero considera necesario abrir un debate amplio para evaluar su viabilidad legal y constitucional. Arana señaló que “este es un tema complejo que debe ser analizado con responsabilidad”.
El primer ministro Gustavo Adrianzén ha dicho que “la pena de muerte no es un tema cerrado”, y que el gobierno está abierto a un debate serio y técnico, respetando el marco jurídico vigente.
Muchos consideran que la propuesta busca distraer la atención frente a la baja popularidad y dificultades políticas de la presidenta y el gobierno.
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